LAS PENCIONES EN MEXICO.

El pago de las pensiones engrosa la deuda de Estados y universidades, y amenaza con quebrar las finanzas públicas. Y mientras muchos jubilados tienen que trabajar por las bajas pensiones que reciben, otros cobran pensión doble y ganan como altos ejecutivos.

Las pensiones son insuficiente para cubrir necesida­des básicas es un recordatorio de que se acerca la fecha de caducidad para los distintos sistemas de pensiones que coexisten en México, con conse­cuencias para las finanzas pública. El problema ya rebasó la capacidad financiera del estado mexicano. Si el gobierno quisiera que millones de trabajado­res tuvieran una pensión que les permita mantener su nivel de vida, tendría que inyec­tar al sistema el equivalente 31.6% del PIB (unos 4.2 billones de pesos). A las pensiones insuficientes y al hueco financiero que producen, se suman casos de mal manejo, como los en­contrados por la Auditoría Fiscal de la Federación, un organismo de la Cámara de Diputados, que desde su informe de 2013 reportó casos de pensionados en la Universidad de Nuevo León que recibían más de 200,000 pesos mensuales.

Para tapar el hoyo que tienen las finanzas esta­tales, el gobierno mexicano cada año toma 528,000 mdp, equivalentes a 3.8% del PIB, del dinero debería ir a dependencias federa­les, como las secretarías de estado. También están los trabajadores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos trabajadores no aportan al sis­tema pero reciben una pensión con cargo al presupuesto público.

Para complicar más el esce­nario, el aumento en la expec­tativa de vida, que ya sobrepasa los 70 años, extiende el tiempo de cobertura de las pensiones y configura una amenaza más para los recursos públicos. “El tema de envejecimiento está acercando a México cada vez más a una crisis financiera”,

Quienes hoy tienen entre 25 o 35 años serán adultos mayores en 2050, y para entonces habrá 13 mexicanos en edad de recibir una pensión por cada 10 jóve­nes laboralmente activos y aportantes al sistema. O dicho de otra manera, por cada pensionado, habrá sólo tres trabaja­dores activos.

Pero la emergencia ya está aquí. Las universidades estatales tienen con relación a las pensiones 400,000 mdp no fondeados, es decir, que no tienen reservas para hacerle frente a ese adeudo.

Una característica del sistema de pensiones en México es su alta fragmentación (coexisten un siste­ma de reparto y uno de capitaliza­ción individual), debido a que han respondido a distintas problemáti­cas, muchas de ellas asociadas con negociaciones contractuales en el sector público, y no a una política social planificada. En México se reportan 104 programas de beneficio definido (en este esquema el trabajador no ahorra para su retiro), según Andrés Castro, presidente ejecutivo para Latinoamérica de SURA, una de las empresas que administra pensio­nes bajo el sistema de capitaliza­ción individual.

Tan sólo cubrir el pago de pensiones de los empleados que empezaron a cotizar antes de las re­formas, con base en la Ley del IMSS de 1973, entre 2012-2050 será de 32.9% del PIB, sobre todo por el pago de pensiones relacionadas con la Ley de 1973, es decir aquella generación que tiene derecho a una pensión garantizada, pero también porque crecerá la población en edad para jubilarse.

Ese dere­cho a la pensión, sin obligación de contribuir a su financiamiento, ha generado una deuda de 10% del PIB, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

La mayor presión para las finanzas públicas proviene en mayor me­dida de los sistemas de pensio­nes de los gobiernos estatales. Aun así, el asunto de las pen­siones no está considerado en la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Ni siquiera porque dentro de 10 años el pago de pensiones representará casi la mi­tad de toda la nómina estatal 46%. El gobierno federal ya destina hoy el equivalente a 3.1% del PIB, cerca de 530,000 mdp para el pago de pensiones estatales, y toma ese dinero del gasto programable, es de­cir, de lo que hace llegar a entidades federales, como son las secretarías de estado.

Según un informe de la Audito­ría Superior de la Federación, 45.1% de las universidades dispone de un sistema de pensiones propio, es decir, independiente al ISSSTE, pero a la vez sus trabajadores reciben pensiones de alguna institución de seguridad social (IMSS o ISSSTE).

El que los adultos en edad de jubilación sigan activos laboralmente impide la productividad del país, ya que no dejan que jóvenes con mayor capacitación trabajen, 25% de las personas de más de 80 años siguen trabajando.

En el caso de los principales sistemas de pensiones contributi­vas, el IMSS e ISSSTE, sólo cubren a 39.9% de la población económi­camente activa (PEA), esto es cerca de 56.6 millones de personas. Pero incluso el otro 40% que sí tiene derecho a una pensión, sólo obtiene en promedio entre 30 y 50% de su último salario.

Además, las tasas de reemplazo de las pensiones por vejez (la pensión obtenida respecto de los últimos salarios) serán bajas en el sistema de contribución definida, debido al bajo porcentaje de aportaciones y a la proporción de la población que cotiza: sólo 26% de la pea.

Uno de cada cinco mexicanos con empleo gana un sa­lario mínimo (1,943 pesos mensua­les), además de que en los últimos 20 años han perdido 72% de su poder adquisitivo, lo que limita el ahorro voluntario que haría crecer la bolsa de recursos de la cual saldrá la pensión.

Los trabajadores con mejores ingresos tampoco tienen incenti­vos para ahorrar. Sólo es posible deducir de impuestos el 10% de los ingresos ahorrados en un año, Además de la baja capacidad de ahorro, la mayoría de los mexicanos dan alta preferencia al consumo presente y priorizan los beneficios de corto plazo.

Los rendimientos de las empre­sas que administran los ahorros de los trabajadores en el sistema individualizado tampoco ayudan. Desde 1997, las afores en México han ofrecido un rendimiento anual promedio de 6%, una tasa inferior a la de otros países, lo que aleja más la posibilidad de recibir una pensión adecuada para mantener el estilo de vida al que se acostum­bró un trabajador durante su vida laboral.

La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) reconoce que persiste una alta concentración de las inversiones de las afores en instrumentos de deuda, en México sólo 20% de los fondos pueden invertirse en el extranjero, lo que limita la búsqueda de ganancias.

Mien­tras que en los primeros 10 años después de la reforma de 1997 el rendimiento promedio para los tra­bajadores que tienen una afore fue de 9%, hoy es de sólo el 6%.

Una forma de mejorar los rendimientos para los trabajadores es la reducción de las comisiones que cobran las afores por adminis­trar los fondos. Pero la regulación determina el cobro de una sola comisión como porcentaje de los saldos administrados, con lo cual las administradoras que están por debajo del promedio de comisiones, no tienen incentivos para bajar aún más los precios.

México podría adoptar el esque­ma vigente en Uruguay, donde las administradoras eligen el porcentaje de comisiones que cobran. Sólo que enfrente tienen la competencia de una administradora estatal, que tie­ne 40% de los afiliados y 56% de los fondos, y cobra bajas comisiones, lo que la convierte en un regulador na­tural de precios. En casi 20 años, prácticamente no hay empresas nuevas que hayan llegado al mercado, lo que limita las opciones del trabajador y hace que tengan que conformarse con las minusvalías que tiene el sistema, pero sobre todo aceptar que las comisiones no bajen. Si hubiera competencia, veríamos a los traba­jadores escogiendo sus instrumen­tos de inversión; un sistema más sencillo de ahorro y decisión sobre tus recursos”.En el caso de México, sería necesario ahorrar al menos 15% del salario.

Pero si el gobierno quiere que el traba­jador contribuya más a su propia pensión, hacen falta incentivos como una mayor deducibilidad de las aportaciones y más mecanismos para imprevistos.